Por amazonaadm 
María Consuelo Rosillo Garfias participa en este proceso electoral extraordinario como aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre aparecerá con el número 28 en la boleta morada durante la jornada electoral del próximo 1 de junio.
Es licenciada en Derecho, con estudios de maestría y doctorado, y ha dedicado su trayectoria a la defensa de la legalidad, la ética judicial y la promoción de una justicia cercana a la ciudadanía. Se ha desempeñado como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, donde consolidó su perfil como jurista comprometida con los valores de la verdad, la honestidad y la justicia.
Señala que la función jurisdiccional constituye el pilar fundamental que sostiene cualquier sociedad democrática y basada en el estado de derecho. A través de la interpretación del marco jurídico y la aplicación de las normas legales, se asegura el respeto a los derechos y libertades esenciales de las personas. Esta perspectiva debe traducirse, sin lugar a dudas, en imparcialidad y neutralidad; en accesibilidad y eficacia, así como en una adecuada garantía de los derechos humanos, acompañada de transparencia, rendición de cuentas, formación profesional y experiencia, todo ello dentro de un ejercicio pleno de la autonomía judicial.
Desde su visión, la administración de justicia representa un elemento clave e indispensable para preservar el estado de derecho. Refleja el compromiso del país con la equidad, la igualdad y la defensa de los derechos fundamentales, permitiendo el ejercicio real de las garantías individuales. Es también el mecanismo que resguarda la integridad del sistema judicial y fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
¿Cuáles son las propuestas judiciales de la candidata María Consuelo Rosillo Garfias?
La candidata propone priorizar el bienestar del personal judicial debido a que es fundamental garantizar un desempleo eficiente y justo por parte de los funcionarios judiciales, esto al considerar que se trata de personas que están sometidas a altos niveles de estrés. Por ello, su bienestar físico, mental y emocional debe ser una prioridad para asegurar que su labor sea ética y competente. Así propone respetar sus horarios laborales y de convivencia familiar, también brindarles apoyo psicológico mediante mecanismos de “desintoxicación judicial”.
Dado que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial comparten la responsabilidad de preservar la paz social, la candidata propone la creación de una Oficina de Servicio Ciudadano, integrada por representantes de los tres poderes. Esta oficina contaría con portales de información accesibles para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de cada uno, difunda servicios comunitarios, fomente el acceso a la justicia y promueva programas de educación legal. El objetivo es acercar las instituciones a la sociedad y fortalecer una cultura cívica basada en la idea de que el poder es uno solo, orientado al bienestar colectivo.
Se plantea la creación de mecanismos de vigilancia itinerante a través de un Tribunal de Disciplina, esto con el fin de evitar la concentración de la supervisión disciplinaria en un único centro. Esto permitiría establecer programas de visitas periódicas a las distintas entidades federativas para verificar el cumplimiento oportuno y adecuado de las resoluciones emitidas. Además, se garantizaría que las personas que acuden en busca de justicia sean escuchadas de manera directa y efectiva.
Escrito por elmundodelderecho.com
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